La relación bilateral entre Estados Unidos y El Salvador ha entrado en un terreno delicado, luego de que crecieran las críticas sobre los efectos que ciertos acuerdos entre ambos gobiernos podrían tener en la lucha contra el crimen organizado, en particular contra la Mara Salvatrucha (MS-13). Aunque desde la administración estadounidense se ha reiterado el compromiso con el desmantelamiento de pandillas, recientes revelaciones y decisiones políticas apuntan a una posible contradicción entre los discursos oficiales y la realidad operativa en el terreno.
Durante su mandato, el expresidente estadounidense Donald Trump impulsó una política de línea dura contra las pandillas centroamericanas. Parte central de esa estrategia fue una intensa colaboración con las autoridades salvadoreñas para capturar y extraditar a miembros de la MS-13, considerados por Washington como una amenaza a la seguridad nacional. Estas acciones incluyeron operativos conjuntos, intercambio de inteligencia y procesos judiciales contra líderes clave de la organización.
Sin embargo, a lo largo del tiempo, las cambiantes dinámicas políticas entre las dos naciones han generado incertidumbre sobre la permanencia real de esa cooperación. Varios expertos destacan que, desde una perspectiva de pragmatismo geopolítico, Washington ha decidido dar prioridad a la estabilidad en temas migratorios y a la colaboración en la región, sobre la presión hacia ciertos regímenes, incluso cuando esto signifique adoptar posturas más flexibles frente a situaciones que antes habrían sido fuertemente criticadas.
En este escenario, la importancia del liderazgo de Nayib Bukele en El Salvador ha aumentado considerablemente. Su administración ha sido reconocida por la significativa disminución de los niveles de homicidios y violencia en el país, en parte por implementar una política estricta que contempla un régimen de excepción y la detención masiva de sospechosos de pandillas. No obstante, también ha enfrentado críticas por supuestas negociaciones con grupos criminales, que podrían haber sido permitidas o encubiertas a cambio de ventajas políticas o una reducción de la violencia.
Documentos judiciales y reportes de inteligencia han sugerido que líderes de la MS-13 habrían mantenido contactos con autoridades gubernamentales en el pasado reciente, lo que ha generado preocupación sobre un posible debilitamiento de los esfuerzos internacionales para procesar penalmente a los cabecillas de estas organizaciones en tribunales estadounidenses. La falta de extradiciones de alto perfil en los últimos meses ha reavivado estas sospechas.
Las entidades que protegen los derechos humanos y los especialistas en delitos transnacionales han advertido sobre los peligros de fundamentar las políticas de seguridad en acuerdos no oficiales o compromisos de impunidad. Señalan que, si bien la disminución de la violencia es positiva, una estrategia que da prioridad a los resultados inmediatos en detrimento de la legalidad puede acabar consolidando a las mismas organizaciones delictivas con el tiempo.
En Estados Unidos, representantes del Congreso y fiscales a nivel federal han manifestado inquietud por la aparente reducción en la cooperación con El Salvador en relación a casos importantes. Algunos indican que esto podría dificultar procedimientos judiciales en tribunales estadounidenses, donde se intenta procesar a líderes de la MS-13 por crímenes ejecutados tanto en Centroamérica como en los Estados Unidos.
Por otro lado, la Casa Blanca ha adoptado una posición incierta. Aunque se admite que el gobierno salvadoreño ha sido eficaz en la lucha contra la violencia, también se han expresado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y el uso del poder estatal con propósitos políticos. Esta situación ambigua ha generado fricciones dentro del mismo sistema diplomático, en el que diferentes instituciones tienen perspectivas diversas sobre la estrategia para la región.
El reto de enfrentar al crimen organizado en Centroamérica demanda, según especialistas, no solo medidas represivas, sino también claridad, colaboración internacional eficaz y un compromiso continuo con el sistema judicial. Cualquier señal de diálogo con elementos criminales debilita la legitimidad estatal y compromete la seguridad tanto a nivel regional como internacional.
La evolución de la relación entre Estados Unidos y El Salvador, y su impacto en la lucha contra las pandillas, seguirá siendo un tema de alta sensibilidad política. Por ahora, la percepción de que intereses estratégicos están condicionando la aplicación rigurosa de la ley ha encendido las alertas de quienes insisten en que la verdadera seguridad no puede lograrse a costa de la justicia.
