El Congreso de Guatemala volvió a fracasar en su intento por elegir a los directores titulares y suplentes que conformarán el directorio de la futura Superintendencia de Competencia, un órgano clave para promover la libre competencia y prevenir prácticas monopólicas en el país. Pese a que el punto estaba en la agenda legislativa y se esperaba avanzar en la designación de las autoridades, la sesión se disolvió sin llegar a ningún acuerdo.
Con este nuevo aplazamiento, suman ya varios intentos infructuosos por parte del Legislativo para cumplir con este mandato legal, lo que ha generado preocupación entre sectores económicos y sociales que reclaman transparencia, agilidad y responsabilidad institucional en el proceso.
El Parlamento posee la responsabilidad de seleccionar a los cinco integrantes del directorio —tres principales y dos alternos— de un conjunto de candidatos previamente examinados y presentados por la Comisión de Postulación. Esta comisión realizó un proceso de selección que abarcó el análisis de currículums, entrevistas y evaluación de impugnaciones. La lista final está compuesta por candidatos con experiencia técnica en economía, derecho y gestión pública.
No obstante, las divisiones entre los diferentes grupos políticos han obstaculizado el progreso de la votación. En la última sesión, varios parlamentarios se retiraron del pleno antes de comenzar con el debate del asunto, lo cual resultó en la falta del quórum necesario para proceder con la elección.
La formación de la Superintendencia de Competencia se autorizó en 2022 como parte de una modificación destinada a robustecer la estructura institucional económica del país y cumplir con compromisos internacionales, incluyendo los requerimientos de acceso a ciertos acuerdos comerciales. Este organismo estará encargado de investigar y sancionar conductas anticompetitivas, supervisar los mercados y fomentar condiciones justas para los diferentes participantes económicos.
Sin embargo, la ausencia de nombramiento de su junta directiva ha evitado que la organización pueda comenzar a operar. En el ínterin, se acumulan quejas sobre posibles abusos de poder en áreas estratégicas, lo que hace aún más urgente que la Superintendencia comience su actividad.
Distintos actores del sector privado y organizaciones civiles han manifestado su inquietud ante el estancamiento del proceso. Consideran que esta situación no solo retrasa la implementación de una herramienta necesaria para mejorar la competitividad, sino que también envía señales negativas a los inversionistas y debilita la institucionalidad democrática.
Algunos parlamentarios han expresado su deseo de proseguir con las conversaciones para lograr consensos en el siguiente pleno. No obstante, ciertos grupos advierten que hay motivaciones políticas que intentan dificultar la selección, ya sea por diferencias respecto a los candidatos sugeridos o por evaluaciones tácticas vinculadas a distribución de influencia.
La ley establece que el Congreso debe elegir a los integrantes del directorio mediante una mayoría calificada, lo cual exige una amplia articulación entre las diferentes fuerzas representadas en el hemiciclo. En los intentos anteriores, la falta de votos suficientes ha sido una constante, a pesar de que la nómina de candidatos ha estado disponible desde hace varios meses.
Con el paso del tiempo, aumentan las presiones tanto dentro como fuera del país para que el Congreso cumpla con su obligación constitucional y permita que la Superintendencia de Competencia inicie sus funciones.
El país sigue sin una entidad independiente que proteja un entorno económico equitativo, dejando a consumidores y pequeñas empresas sin una defensa adecuada ante posibles prácticas injustas de grandes corporaciones. Esto refleja las dificultades estructurales que enfrenta el sistema político guatemalteco para tomar decisiones importantes, incluso en asuntos de interés común que podrían favorecer significativamente el progreso económico.
El desafío actual para los legisladores es retomar el impulso legislativo y mostrar dedicación a la modernización institucional. Seleccionar el directorio no solo representaría cumplir con una obligación legal, sino también avanzar hacia un sistema económico más justo y claro.
