En el contexto de la discusión sobre el presupuesto federal y el aumento de la atención en el asunto migratorio, el Senado de Estados Unidos ha dado luz verde a una versión revisada del proyecto que incluye un gravamen sobre las remesas, estableciendo una tarifa del 1 % y restringiendo su aplicación exclusivamente a las transferencias en efectivo enviadas al exterior.
El ajuste es una sección del conjunto de leyes que lleva el nombre de “The One Big Beautiful Bill”, promovido por grupos conservadores dentro de una estrategia para aportar fondos a entidades de seguridad, especialmente aquellas que se enfocan en la regulación migratoria, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En contraste con ideas anteriores que incluían un impuesto del 5 % sobre todas las remesas, la versión que el Senado respaldó exime del impuesto a las transferencias electrónicas realizadas desde cuentas bancarias o tarjetas proporcionadas por instituciones de Estados Unidos.
De la propuesta inicial a una versión más acotada
El gravamen sobre las remesas fue originalmente introducido como una acción integral que impactaría todos los transferencias monetarias efectuadas por individuos que no poseen ciudadanía estadounidense. No obstante, las fuertes críticas de grupos migrantes, sectores empresariales y ciertos gobiernos de América Latina provocaron una reevaluación de la propuesta inicial.
La versión definitiva que ha sido autorizada conserva el enfoque de recaudar, pero con un ámbito más restringido. Solamente se impondrá un 1 % sobre el importe completo de las transferencias realizadas en efectivo —ya sea mediante compañías de envío o pagos en ventanilla— y entraría en vigor a partir del 31 de diciembre de este año. Los demás envíos, efectuados a través de sistemas bancarizados, estarán exentos.
Respuestas en América Latina
En naciones como México, que es el mayor receptor de remesas desde Estados Unidos, la noticia fue percibida con cierto alivio. Las autoridades informaron que se establecerá un sistema de devolución para sus connacionales en el extranjero que sean impactados por el impuesto, utilizando tarjetas especiales para monitorizar y compensar los pagos efectuados.
Legisladores de las naciones en Centroamérica también expresaron su opinión sobre la situación, señalando que acciones de esta índole impactan desproporcionadamente a las familias más desfavorecidas, las cuales en numerosos casos dependen casi enteramente de las remesas para satisfacer sus necesidades esenciales. Además, plantearon que estas transferencias ya provienen de ingresos que son gravados en Estados Unidos, por lo que aplicarles un impuesto nuevamente podría ser visto como una imposición duplicada.
Un elemento esencial en política
El impuesto fue incluido como parte de una estrategia más amplia enfocada en la seguridad nacional. La recaudación estimada será destinada al fortalecimiento de la vigilancia fronteriza y el financiamiento de operaciones de migración y deportación. Esta visión ha sido defendida por los sectores promotores del proyecto, quienes argumentan que es una manera justa de asignar recursos sin aumentar la carga fiscal a los ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han señalado que este tipo de medidas busca desincentivar el envío formal de remesas, empujando a las personas a utilizar canales informales más costosos y riesgosos. También han cuestionado el impacto económico en países de origen, donde las remesas representan una de las principales fuentes de ingreso.
Efectos inmediatos y próximos pasos
En lo económico, la aplicación de este impuesto coincide con una leve caída en el volumen de remesas enviadas desde Estados Unidos hacia América Latina. Según datos recientes, los flujos se han reducido cerca de un 4.5 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, una tendencia atribuida tanto al endurecimiento de políticas migratorias como al temor generado por este tipo de medidas legislativas.
El plan de presupuesto debe ser alineado con la versión de la Cámara de Representantes. Si ambas cámaras llegan a un acuerdo, se enviará al Ejecutivo para su firma final. Simultáneamente, diversos países de América Latina ya están diseñando tácticas diplomáticas y financieras para contrarrestar los impactos del nuevo impuesto, mientras que grupos de migrantes en Estados Unidos están considerando acciones legales para cuestionar la constitucionalidad de la disposición.
Con esta resolución, el Senado abre un nuevo capítulo en la extensa y complicada relación entre las políticas migratorias, la economía internacional y los derechos de las comunidades de migrantes. Aunque más moderado que en sus primeras versiones, el impuesto sobre remesas en efectivo simboliza un mensaje político evidente y podría señalar el comienzo de una nueva etapa de regulación sobre el dinero que millones de individuos envían mensualmente a sus familias al otro lado de la frontera.
