La Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio, cerró con un sabor agridulce. Lo que pretendía ser una oportunidad histórica para redefinir las reglas del sistema financiero internacional y acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible terminó con un documento final que ha sido ampliamente cuestionado por organizaciones de la sociedad civil, que lamentan su falta de ambición, claridad y voluntad política real.
El texto, denominado “Compromiso de Sevilla”, fue aprobado por una mayoría de países participantes, pero sin el respaldo de algunas potencias clave, como Estados Unidos, cuya ausencia marcó el tono de los debates. Para las ONG, el documento no aporta las soluciones estructurales necesarias para abordar la crisis de deuda que afecta a decenas de países en desarrollo, ni representa un impulso concreto a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), cuyo retroceso amenaza con agravar la desigualdad global.
En los días anteriores al evento oficial, más de 1.500 representantes de entidades sociales se congregaron en el Foro de la Sociedad Civil, donde se formularon propuestas para una reforma completa del sistema económico mundial. En ese espacio, se enfatizó la importancia de crear un mecanismo multilateral, independiente y legalmente vinculante para la reestructuración de la deuda soberana, asegurando la participación justa de naciones deudoras y acreedoras, y evitando que los ajustes afecten de manera desproporcionada a los más vulnerables. No obstante, el documento aprobado solo señala, de manera imprecisa, la apertura de un proceso de discusión dentro de la ONU sobre el asunto, sin compromisos específicos ni fechas establecidas.
De acuerdo con portavoces de diversas redes globales, se perdió la ocasión histórica de tomar medidas decisivas en esta cuestión. Más de 60 naciones actualmente asignan más del 10 % de su presupuesto gubernamental al pago de la deuda, sobrepasando lo que destinan a la salud y educación, mientras que los procesos actuales de reestructuración permanecen poco claros, lentos y controlados por entidades con poca representatividad.
Simultáneamente, la situación de la asistencia al desarrollo continúa siendo preocupante. La AOD disminuyó un 9 % en 2024 y se pronostica otro descenso este año, empeorado por los recortes anunciados por varios países donantes, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Esta tendencia incide directamente en programas vitales como la inmunización infantil, la protección de personas refugiadas, y el acceso a educación y salud para mujeres y comunidades vulnerables. El Compromiso de Sevilla no incorpora medidas específicas para revertir esta situación, ni un calendario para alcanzar el objetivo del 0,7 % del PIB comprometido por los países desarrollados desde hace décadas.
Aunque ciertos especialistas subrayan progresos en el plan para aumentar tres veces el límite de préstamos de los bancos de desarrollo multilaterales y el respaldo a acciones fiscales globales, las entidades sociales afirman que esos pasos son inadecuados si no se complementan con una transformación significativa de las normativas que gobiernan la economía mundial. También critican que numerosos países adinerados sostienen un discurso contradictorio: por un lado, ofrecen colaboración; por otro lado, disminuyen presupuestos y elevan el gasto militar.
La ausencia de Estados Unidos fue interpretada por algunos actores como una oportunidad para que otras potencias, como la Unión Europea o China, tomen la iniciativa en la reforma del sistema. Sin embargo, ese vacío también dejó sin uno de los principales financiadores y actores influyentes, lo que debilitó el alcance político del encuentro.
Las organizaciones no gubernamentales están de acuerdo en que el evento en Sevilla incluyó aspectos favorables, como la aceptación de la importancia de conectar el financiamiento al desarrollo con la batalla contra el cambio climático. Sin embargo, critican la carencia de medios específicos para asegurar su ejecución. También exigen que la intervención de la sociedad civil tenga un papel más decisivo en reuniones futuras, y no sea simplemente simbólica.
Con la Agenda 2030 enfrentando desafíos y la deuda mundial en alza, la comunidad internacional veía en Sevilla una ocasión para ajustar las reglas del juego. No obstante, el desenlace generó más interrogantes que esclarecimientos. Para los activistas, el verdadero compromiso se evidencia no en discursos diplomáticos, sino en acciones políticas que redistribuyan los recursos, reconozcan las responsabilidades pasadas y aseguren a todas las naciones el derecho al desarrollo. Hasta que eso suceda, los compromisos continuarán siendo, según los propios participantes, meras buenas intenciones sin efecto tangible.
